By A casi cuatro meses de que estallara el escándalo por la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio, se ultiman los detalles para la apertura de un juicio contra al menos siete personas, dos de ellas que están en la cárcel y el resto con detención domiciliaria.
La investigación en la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, por separado, se encuentra en su fase final y ya encontraron los suficientes indicios para establecer que hubo delitos en todo el proceso de adquisición y la mayor observación recae sobre los intermediarios.
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que se presentará la acusación formal en los próximos días por los delitos de contratos lesivos, contra la salud, asociación delictuosa y otros.
El exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el empresario e intermediario de la compra, que se presentó como “testigo clave”, Fernando Humérez, se encuentran con detención preventiva en la cárcel mientras que otras cinco personas, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas, el excónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem), Giovani Pacheco y su funcionaria Ana Espinoza, además de una trabajadora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gabriela Pérez, se beneficiaron con la detención en sus domicilios.
Según Lanchipa, la declaración ampliatoria de los imputados Humérez y Valenzuela aportó nuevos elementos a la investigación, así como la pericia de los celulares de todas las personas involucradas, a través del Instituto de Investigaciones Técnico – Científico de la Universidad Policial y se está a la espera de los resultados. Por otro lado, se dispuso el desdoblamiento de los Cds de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles Pau Sarsanedas, gerente de la GPA Innova, e Iñaqui García, representante de la intermediaria IME Consulting.
«Tenemos la relación de los hechos y hay los suficientes elementos que puedan demostrar la comisión de hechos delictivos de parte de estas personas que han sido imputadas, de tal manera que el Ministerio Público ya va estar en condiciones, en las próximas semanas, de presentar una acusación», sostuvo.
En la asamblea
El presidente de la comisión de investigación, Ciro Zabala, explicó que el informe debía concluir en 60 días, pero se dio una prórroga hasta el 18 de septiembre. Se conformaron cuatro comisiones que también verifican los casos de la compra de armas, los respiradores chinos, el oxígeno y los kits de medicamentos, entre otros.
“Se ha determinado que todas las compras han sido ilegales desde las especificaciones técnicas hasta la adquisición, recepción y entrega. Hubo premeditación y alevosía en todo esto”, manifestó.
Dijo también que dos observaciones están centradas en la participación de intermediarios en todo el proceso, con empresarios bolivianos, y no así de Gobierno a Gobierno. Un segundo punto hace referencia al recojo de los equipos, para lo cual se hizo un viaje hasta Grecia.
“Fueron a recoger los equipos con 230 mil dólares. Parece que tenían otro motivo y el avión se quedó en Grecia. No entendemos”, agregó.
El informe será dado a conocer a la Asamblea Legislativa para su aprobación y posteriormente se coordinará para iniciar un proceso.
Zabala lamentó la falta de apoyo del Gobierno con información para esclarecer estos casos, sin embargo, explicó que pudo documentarse con los datos de la Contraloría, Fiscalía, BoA, Aduana, entre otros.
“Hemos visto un irrespeto total de las normas y mal manejo de la cosa pública. Han vulnerado todos los procedimientos”, concluyó.
La situación
Los 175 equipos fueron adquiridos en España a través de IME Consulting en una compra por un total de 4.7 millones de dólares y llegaron en mayo a Bolivia, en medio de denuncias de un sobreprecio de cerca de 3 millones de dólares.
El precio unitario oscilaba entre los 7 mil y 12 mil dólares en el mercado, pero el Ministerio de Salud pagó poco más de 27 mil por cada uno de ellos.
Desde el Gobierno buscan conciliar con la intermediaria para la devolución del dinero, alrededor de 2.2 millones de dólares que se entregó para la adquisición o, en su caso, mejorar los equipos que estaban destinados para pacientes con coronavirus COVID-19, pero actualmente se encuentran archivados.
Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar el caso, que es el mayor escándalo por supuesta corrupción en Bolivia desde que asumió el Gobierno de Jeanine Áñez.
Fuente Opinión / Agencias
