By La información divulgada en días pasados de la compra de 1450 barbijos N95/FPP2 a Bs 86 la unidad, que ejecutó el Seguro Social Universitario (SSU) en abril del 2020, generó un revuelo en la comunidad universitaria.
A tal punto que el pasado viernes se realizó una reunión extraordinaria del Directorio del SSU, en el que se registró un tenso cruce de palabras y acusaciones entre miembros de esta máxima instancia, además de la participación de Rogelio Espinoza, presidente de la Federación Universitaria de los Profesores (FUP), quien pidió la renuncia de las máximas cabezas de esta institución médica.
Al inicio de la reunión, los ejecutivos del SSU dieron una explicación de cómo se adquirieron las mascarillas y negaron la existencia de sobreprecio. Aseguraron que el precio de Bs 86 era lo más barato que se pudo encontrar en aquella época para un barbijo N95/FPP2.
“No hubo sobreprecio, el precio de adquisición (del barbijo) fue de acuerdo a la oferta y demanda de esa fecha”, señaló en su informe Liliana Montero, jefa de Bienes y Servicios del SSU.
Además, Montero también resaltó que no se violó ninguna normativa para la compra de los barbijos, ya que el Gobierno Nacional aprobó el año pasado el Decreto Supremo 4174, que permite a los seguros realizar la contratación directa de bienes y servicios para hacer frente al Covid-19.
Sin embargo, este argumento no convenció al representante de los docentes en el directorio y denunciante de este caso, Adolfo Mercado, quien aseguró que realizó las consultas pertinentes y que los barbijos N95/FPP2 se vendían entre Bs 40 y Bs 50 la unidad.
Incluso Mercado señaló que este rango de precios ya era bastante elevado en aquella época, por lo que la Fiscalía activó, luego, una serie de operativos para evitar la especulación.
Otro aspecto observado por el representante de la FUP ante el Directorio de la SSU, fue que de las dos empresas invitadas para participar de la oferta y que no ganaron, una aparece registrada en México (Edesi) y la otra en La Paz (Union Service SRL), siendo esta última una empresa que se dedica a limpieza.
El Universitario se contactó con Katiuska Pérez, gerente general del Seguro Universitario, para conocer la procedencia y legalidad de las empresas invitadas para proveer barbijos, sin embargo, señaló que este lunes se daría más información al respecto.
Este medio también consultó con dos farmacias de Santa Cruz, las cuales señalaron que el precio del barbijo N95/FPP2 en abril del 2020 se encontraban entre Bs 40 y 50.
REACCIONES
Durante la sesión del Directorio del SSU hubo diferentes reacciones con respecto a la denuncia de los barbijos.
Ramón Amado Zirpolo, director representante de los administrativos de la ‘Gabriel’, sostuvo que es importante que se investigue las irregularidades e incluso se pida la investigación de la justicia ordinaria para sancionar a los responsables, pero que no veía favorable que “se manche a la institución” ante la opinión pública y la comunidad universitaria.
Por su parte, Eliodoro Méndez, representante patronal ante el Directorio del SSU, pidió también que se investigue a los responsables de cualquier acto irregular y que no se “socapará a nadie”. “Yo no vengo como Saúl Rosas, sino como Eliodoro Méndez para fiscalizar los recursos del Seguro Universitario”, manifestó.
Antes que el Directorio del SSU concluya el análisis de la compra de barbijos, el representante de la FUP propuso denunciar este caso ante la Fiscalía.
El planteamiento verbal fue aceptado por la mayoría del plenario, “Claro hágalo”, le dijeron a Mercado a lo que el delegado docente les respondió: “¿Ustedes me van a acompañar? Claro, hay que hacerlo le mencionaron el resto de los miembros del directorio.
Consultada al respecto, la jefa de Bienes y Servicios del SSU, indicó que procederá a su derecho constitucional de defensa legal, afirmando que tiene todos los respaldos y descargos para desvirtuar cualquier acusación de irregularidad.
AUDITORÍA
Según el presidente del Directorio del SSU, Remberto Soto, lo que sí se hará con seguridad en este caso es una auditoría interna para conocer si hubo sobreprecios en la compra de los barbijos.
“Previamente se tiene que agotar los procedimientos administrativos para establecer si hubo o no hubo sobreprecio, si algún director considera que debe ir directo a la Fiscalía está en todo su derecho de hacerlo, nosotros conforme a normas previamente vamos a esperar los resultados de una auditoría que se ha ordenado”, puntualizó Soto.
