By La Contraloría General del Estado empezó a notificar a docentes de la ‘Gabriel’ que en el 2006 recibieron un sueldo superior a los Bs 15.000, tomando en cuenta que, en ese año, el entonces Presidente Evo Morales se redujo el sueldo y nadie podía cobrar más de ese monto.
Según una auditoría que realizó esta entidad, alrededor de 300 docentes ganaban más de Bs.15.000 y, por lo tanto, deberán devolver los montos excedentes que recibieron durante el 2006.
CONTEXTO
A finales de enero de ese año, Morales sorprendió a todos con la disposición de rebajarse el sueldo en más de un 50%, pasando de Bs 34.900 a Bs 15.000.
La medida trajo una serie de problemas en instituciones públicas como la UAGRM, ya que por normativa nacional nadie que trabaje en el ámbito público puede ganar más que el Presidente y, en la Casa de Estudios Superiores, muchos docentes recibían sueldos por encima de ese monto.
De acuerdo a Alfredo Jaldín, rector de la universidad en la gestión 2005-2008, el principal problema radicaba en que reducir el sueldo de los docentes significaba un despido indirecto, según la Ley General del Trabajo.
Esto implicaba que la ‘Gabriel’ debía pagar cuantiosas sumas en indemnizaciones, para lo cual no contaba con el dinero suficiente.
Por ello, se comunicó de esta situación al Ministerio de Economía, que en ese tiempo estaba a cargo de Luis Arce Catacora, actual Presidente de Bolivia, y se pidió al Gobierno asumir el pago de las indemnizaciones.
No se obtuvo una respuesta positiva a esta solicitud, pero Jaldín indicó que se trabajó con el Ministerio de Economía en la creación de un crédito que financie las indemnizaciones y se proceda, luego, a la reducción de los sueldos de los docentes.
Después de tres años, en el 2009 finalmente se firmó un convenio con esta instancia gubernamental, para recibir un crédito y hacer frente a los gastos que implicaban los despidos indirectos.
CONFLICTO
La Contraloría presentó una auditoría preliminar y complementaria a todo este proceso en el 2009, observando que había docentes que recibieron sueldos por encima de Bs 15.000 y debían devolver el excedente.
Esta situación generó molestias en los docentes de la UAGRM y el Ilustre Consejo Universitario (ICU), en fecha 26 de marzo del 2009, aprobó una resolución de rechazo al informe de la contraloría.
Asimismo, Jaldín, como exautoridad, aseguró que presentó todos los descargos correspondientes.
Todo el asunto parecía zanjado, hasta que en días pasados la Contraloría dio a conocer su Dictamen Fiscal CGE/DRC – 012/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, el cual resuelve iniciar con las notificaciones a los docentes para que devuelvan parte del sueldo que excedía los Bs 15.000, de la gestión 2006.
Si los profesores no lo hacen, se prepara un proceso coactivo y se obligará a la administración central de la Universidad a realizar el cobro.
“La Contraloría no ha tomado para nada en cuenta las normas universitarias y el descargo que yo presenté y que varios profesores se adscribieron al mismo, no han tomado en cuenta la Ley General del Trabajo”, manifestó Jaldín.
Además, indicó que como la Contraloría tardó 15 años en ejecutar su dictamen, el mismo ya prescribe y no tiene validez para este tiempo. “Hay muchos profesores de esa época que ya han fallecido”, puntualizó el exrector.
Se desconoce a cuánto asciende el monto total que la Contraloría pretende cobrar, pero Jaldín señaló que el dinero a devolver varía por cada docente. A algunos docentes se les está cobrando un valor de $us 30 y a otros montos elevados de $us 2.000 o más.
DEFENSA
La Federación Universitaria de Profesores (FUP) iniciará acciones de defensa contra este informe de la Contraloría.
Jaldín afirmó que ya se ha realizado una reunión al respecto y que se hará una representación ante la Contraloría, haciendo notar que la auditoría contiene errores y omisiones legales, incumpliendo sus mismas normas y la normativa constitucional y, por lo tanto, se deben suspender las notificaciones.
De manera personal y pese a que aún no fue notificado, el exrector envió una carta dirigida Gustavo Villarroel, gerente departamental de la Contraloría, en la que solicita dejar sin efecto el dictamen, poniendo como argumentos una serie de antecedentes legales e institucionales.
Además, Jaldín considera que el Ilustre Consejo Universitario (ICU) debe volver a rechazar esta auditoría y exigir la nulidad del mismo.
Cabe mencionar, que la Contraloría ya emitió otro informe preliminar, pero esta vez de los sueldos recibidos en el año 2008 y 2009, en los que 800 docentes estarían en la misma situación.
