By Tras recibir informes de auditoría, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció casos de megacorrupción y malos manejos que involucran a los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, todos designados en la gestión de Jeanine Áñez, por un presunto daño económico al Estado de Bs 76.378.000, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Huanca dijo que los casos de corrupción se presentaron en varias instituciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Productivo e incluyen el uso de taxis aéreos y de gasolina pagada por el Estado para fines particulares, contratos irregulares, entre otros.
Los delitos por los cuales se acusa a Rojo, Ortiz y Guzmán son de corrupción pública como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, informó el ministro Huanca.
El primer caso se refiere a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde el exgerente Eduardo Wilde Jordán firmó a nombre de Bolivia un contrato ilegal para la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones a una empresa de EEUU. Este contrato va contra los intereses del Estado ya que generó una demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de $us 2.894.784, dinero que equivale a unos Bs 20 millones.
En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), el exgerente técnico de la empresa de abonos y fertilizantes, Sergio Luna Camacho y otros, realizaron la compra de fertilizantes, pero luego se evidenció en los almacenes un faltante de esos productos por valor de Bs 8.898.518 sin que exista un registro del destino de dichos artículos, añadió el Ministro.
En la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) se encontraron cinco casos de corrupción. Uno de ellos se refiere al nombramiento ilegal de Karina Fabiola Leiva Áñez, quien sería pariente de Jeanine Áñez.
Leiva creó cargos ejecutivos innecesarios en tiempo de pandemia, lo que ocasionó un daño económico al Estado por más de Bs 113.000.
Además, incrementó los sueldos a nivel ejecutivo en 2020 por un monto Bs 1.276.000 de forma discrecional y sin la debida justificación y autorización competente.
Por otro lado, la exgerente de frutos amazónicos de EBA, en Riberalta, Carmen Alicia Melgar, el extesorero Javier López Arce y otros, realizaron manejos discrecionales por un monto de Bs 8.369.000 para la compra de castaña sin ningún descargo o recibo.
También se recibió productos para las canastas estudiantiles sin ningún tipo de contratos por un valor de Bs 2 millones. Además, autorizaron la transferencia de dineros a cuentas bancarias personales por Bs 219.907, según la denuncia.
Respecto a la Empresa Azucarera San Buenaventura, el exejecutivo, Jorge Barrios Villa favoreció ilegalmente la adjudicación de la empresa Stylo y Diseño para el servicio fraccionado de azúcar por un monto de Bs 1.280.000 sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas.
También se favoreció en la adjudicación irregular de la empresa Campo Verde por la provisión de urea con presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón.
En la Unidad de Fiscalización de Empresas, el exdirector Raúl Terceros Salvatierra emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al permitir la reducción de sanciones a empresas ocasionando un daño económico de Bs 362.184, dijo Huanca.
En Zofra-Cobija, el exdirector Rodolfo Áñez Dominguez, quien sería pariente de Jeanine Áñez, contrató personal excesivo sin justificación ocasionando un daño de Bs 933.101.
En la empresa ProBolivia, el ex director ejecutivo, José Eduardo Selek Suárez, contrató a una persona que trabajó con títulos falsificados.
El exministro Rojo autorizó la entrega de combustible para uso de personas particulares por un monto de Bs 113.000 y, junto a Ortiz, usó taxis aéreos a Santa Cruz con fines privados por un monto de Bs 92.000 sin que existan descargos fundamentados.
Respecto a la Alcaldía de La Paz, el ministro Huanca denunció que otras autoridades firmaron un contrato con el municipio para que Emapa entregue canastas escolares, pero hasta la fecha el burgomaestre Luis Revilla no paga la suma de Bs 23.640.000.
Todos estos casos fueron enviados a la Fiscalía para su investigación, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
Fuente: Agencia Boliviana de Información
