By Al promediar las 11:00 horas de hoy Mauricio Suárez, funcionario de la representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en Santa Cruz, entregó una notificación para el rector Saúl Rosas Ferrufino, en el marco de la denuncia “de posibles actos o hechos de corrupción acontecidos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm)”.
La Cartera de Estado mencionada “se encuentra realizando la gestión de la denuncia”, misma que está en conocimiento del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y fue admitida con el número de caso 204/2021.
Según la misiva dirigida a Rosas, que está firmada por Julia Susana Ríos Laguna, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se pone en conocimiento a la máxima autoridad de la Uagrm que deberá presentar sus descargos en 10 días hábiles como máximo, desde el plazo de su notificación.
“Con la finalidad de garantizar los principios de transparencia, igualdad, celeridad imparcialidad de los actos públicos y someter a una evaluación imparcialidad de los actos públicos y someter a una evaluación integral la documentación generada, previo al informe final, de acuerdo a pertinencia deberá presentar sus elementos de descargo”, señala la carta.
El representante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional intentó entregar el documento en persona a Rosas, pero los administrativos de la “Gabriel” le dijeron que estaba en comisión y que no se encontraba en la oficina, aunque una hora antes fue entrevistado por el periódico El Universitario en las oficinas de Rectorado. Por esta razón la notificación se realizó vía ventanilla.
En este tema Suárez explicó que de acuerdo a las pruebas de descargo que presente el rector Rosas se emitirá un informe final que podría derivar en la presentación de una demanda penal ante el Ministerio Público.
Días atrás el docente Germán Cardona y el egresado Peter Beckhauser realizaron denuncias ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional argumentando malversación de fondos al estar las computadoras portátiles destinadas a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC), pero se entregaron a docentes.
Ambos demandantes también pidieron que se investigue un presunto sobreprecio que bordearía los 5.6 millones de bolivianos al haberse adquirido las laptops a una empresa intermediaria nacional y con precios por encima del mercado legal nacional.
