By Saúl Rosas, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), anunció que realizará “todas las gestiones y acciones necesarias”, para que la Contraloría General del Estado anule las notificaciones contra los docentes que, en el año 2006, ganaban más que el Presidente del país.
Señaló que el dictamen de esta entidad “atenta contra la autonomía universitaria y los derechos de los docentes”. Además, confirmó que también hay administrativos que están en esta situación y que se asumirá la defensa legal de todos ellos.
En días pasados la Contraloría dio a conocer su Dictamen Fiscal CGE/DRC – 012/2020, con el cual exige a los docentes y cualquier funcionario de la ‘U’ que ganaba más de Bs. 15.000 en el 2006, devolver el dinero excedente.
Cabe recordar que, a finales de enero de ese año, el entonces Presidente Evo Morales decidió rebajarse el sueldo en más de un 50%, pasando de Bs 34.900 a Bs 15.000.
De acuerdo a la normativa nacional, nadie que trabaje en el ámbito público puede tener un sueldo superior al que percibe el Presidente, por ello en el 2006 se exigió a la UAGRM que rebaje los salarios de los docentes y administrativos que superaban el tope salarial.
Sin embargo, el entonces rector de la universidad, Alfredo Jaldín, no realizó la reestructuración de los salarios, argumentando que una reducción de sueldos significa un despido indirecto, según la Ley General del Trabajo y que la UAGRM no contaba con los recursos para pagar indemnizaciones a centenares de docentes.
Fue de esta manera que el Ministerio de Economía y la universidad decidieron trabajar en un crédito para conseguir los recursos para pagar las indemnizaciones, el cual recién se aprobó en el 2009.
Es decir, durante tres años, los docentes y administrativos que ganaban más de Bs. 15.000 no tuvieron una reducción de sus sueldos.
Ahora la Contraloría, luego de diferentes auditorías busca que se devuelvan estos recursos de la gestión 2006 y se tiene informes preliminares que también exigirán los sueldos excedentes del 2008 y 2009.
Las autoridades universitarias argumentan que las auditorías de la Contraloría viola principios constitucionales y las normativas internas de esta entidad, además que ya han pasado más de 15 años y el dictamen no tiene validez para este tiempo.
