By Yabaré, el terreno de más de 19 mil hectáreas de propiedad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) ubicado entre las comunidades de Tres Cruces y Pozo del Tigre, al lado norte de la carretera internacional Santa Cruz – Puerto Suárez, se convirtió en el último tiempo en sinónimo de disputa legal, denuncias de avasallamiento, tráfico de tierras y explotación ilegal de estos predios.
Y no es para menos porque la “U” cruceña sufre la ocupación de estos terrenos por parte de privados desde 1991 cuando era rector Jerjes Justiniano, tiempo el que se habrían firmado convenios para uso de las mismas con fecha de inicio, pero no de finalización. De ahí aparecen asentados Ana Delia Hidalgo Claros con 1.686 hectáreas (has) y las comunidades menonitas Belize, la Milagrosa, Las Piedras y/o Santa Rosa con 7.130.
La codicia por estas tierras tiene que ver con que son aptas para la agricultura por lo que se siembra soya, trigo, sorgo y otros productos y su valor en su conjunto supera los 40 millones de dólares aproximadamente, según Oscar Moreno, jefe de activo fijo de la UAGRM.
La ‘Gabriel’ gestionó durante años la regularización de la propiedad de estos predios, pero recién a finales de 2019 se entregó el informe de conclusión de saneamiento a su favor, por parte del instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), documento con el que podrá iniciar trámites para la titulación de los mismos.
Paralelamente a la ocupación de hecho por parte de privados en Yabaré, al interior de la UAGRM circulan fuertes versiones de que existirían a lo largo del tiempo autoridades de esta Casa Superior de Estudios, que habrían permitido para fines personales la explotación ilegal de estos terrenos especialmente en el área agrícola. Esta situación “es un secreto a voces”, aseguran fuentes consultadas por El Universitario, que solicitaron el anonimato.
Sin embargo, lo concreto es que actualmente existe en la Fiscalía de Santa Cruz el proceso con el número de caso FIS-SCZ 1906702, por el cual se presentó ante la juez Décimo Segundo de Instrucción en lo Penal, una imputación contra Jesús Aguirre Limachi, por los delitos de avasallamiento y se ha ampliado esta denuncia contra Eudal Avendaño Gonzáles, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAGRM, añadiendo además la comisión del delito de Tráfico de Tierras.
Según los apoderados de la “U” cruceña, que solicitaron la ampliación de la denuncia, José Enrique Parada y Elizabeth Yi Cha, el convenio firmado el 18 de diciembre de 2018 entre el Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas Eudal Avendaño Gonzáles y Jesús Aguirre Limachi para la realización de trabajos agrícolas en el predio denominado Yabaré “está destinado exclusivamente a la explotación de las tierras de propiedad de la UAGRM con fines estrictamente económicos y para aparentar el alquiler incorporan supuestos proyectos de investigación que en realidad de los hechos no se dice que tipo de investigación y cuál es el objetivo”.
Inspección
El 10 de junio de 2019 Oscar Moreno, jefe de Activos Fijos de la UAGRM, remite un informe al Rector Saúl Rosas de la inspección realizada en mayo de ese año al fundo rústico denominado Yabaré, propiedad obtenida mediante un trámite agrario de dotación y que cuenta con una sentencia ejecutoriada del 10 de enero de 1974, Resolución Suprema No 191933.
La propiedad se encuentra administrada por la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Agrícolas, que cuenta con un Plan de Ordenamiento Predial- POP y un Plan de Manejo Forestal, bajo normativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque y Tierra (ABT).
En la visita al lugar se evidenció sembradoras mecanizadas, apertura de brechas en el bosque y se conoció que se encontraban sembrando sorgo, maíz y trigo con data de vida menor a tres meses, además de vehículos de control que circulaban en el lugar. Por ello como recomendación corroboran la aparente relación contractual del supuesto alquilante Jesús Aguirre y la UAGRM y se informa al departamento legal y a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) para efectos legales y administrativos que correspondan.
¿Alquiler o investigación?
De acuerdo al convenio, el uso de las 900 hectáreas del predio Yabaré tenía fines de investigación para beneficio de los estudiantes con un precio de uso de Bs 876.960 comprometiéndose la Empresa de Servicios Agrícolas Limachi SRL en cancelar el 70% en efectivo a la cuenta de la Facultad de Ciencias Agrícolas y el resto en trabajos como construcción de caminos, alambrados y otros.
Hasta el cierre de esta nota, se conoce que el dinero depositado en las cuentas del Banco Unión de la Facultad de Ciencias Agrícolas por parte de Jesús Aguirre Limachi, alcanza los 245.548 bolivianos, efectuado en julio de 2019, luego de las acciones legales iniciadas por Asesoría Legal de la UAGRM, pero no se habrían concretado los pagos restantes, por lo que se espera en los próximos días un último informe de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) – solicitado por la Fiscalía – para conocer si se recibió algún otro monto.
De todos modos, los apoderados de la Universidad cruceña argumentan que este convenio incumple el Decreto Supremo 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que ha establecido el procedimiento para disponer de los bienes del Estado, y que más bien se trata de un alquiler y no de un convenio de investigación.
Asimismo, señalan que este convenio incumple la Resolución Rectoral No 473/2011 del 9 de diciembre de 2011, que establece requisitos para este tipo de suscripciones de documentos. Además, Eudal Avendaño no está facultado para la firma de ningún contrato de disposición temporal de los bienes de la UAGRM.
La Universidad estatal considera que se trata de una ocupación ilegal que no ha cumplido con el proceso de arrendamiento de un bien público, conforme a ley, mediante licitación y convocatoria pública.
Por su parte Avendaño indicó que “No fue alquiler, sino un convenio de cooperación porque la Facultad y la Universidad no tenía un machete. Los estudiantes podían acceder a manejar maquinaria de última generación que de lo contrario no lo lograrían en otro lado”.
Sin embargo, este medio de comunicación accedió a una carta que envió el 3 de diciembre de 2019 el gerente general de Servicios Agrícolas Limachi SRL dirigida a Eudal Avendaño, en el que textualmente señala: “Comunico a usted que la campaña de invierno a la fecha ha concluido y el predio cedido en alquiler se encuentra sin actividad agrícola, por lo que la Universidad puede disponer del mismo de acuerdo a sus intereses…”
Dos convocatorias desiertas
Las Resoluciones Rectorales Nro. 712-2018 y 202-2019 declararon desiertas las convocatorias públicas de diciembre 2018 y mayo 2019 respectivamente, por ncumplimiento de las especificaciones técnicas en la primera convocatoria y por no haberse presentado ningún postulante en la segunda convocatoria”.
Este hecho fue interpretado por el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas como un intento de obstaculización a la labor que realizaban, por lo que amparándose en documentos y normas optaron por la vía de la suscripción del acuerdo con la empresa ahora demandada.
Fiscalización consejero ICU
Tras una inspección ocular en junio del año pasado el representante ante el Ilustre Consejo Universitario (ICU) por la Facultad de Humanidades, Roy Céspedes, planteó en ese tiempo una acción de fiscalización para que las autoridades pertinentes expliquen sobre el desarrollo de los procesos de adjudicación de las 900 hectáreas destinadas a las actividades agrícolas en el fundo rústico Yabaré, de las gestiones 2011 al 2019.
El punto de inicio de la fiscalización es desde la gestión 2011 porque se ha establecido a través de Resoluciones Rectorales Nro. 2160-12 y 158-2016, el otorgamiento al decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas la administración, manejo y responsabilidad de los recursos generados por concepto de la disposición temporal y arrendamiento de las 900 hectáreas del predio Yabaré, y con la Resolución Rectoral 256-2016 se otorga al decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas la administración plena con autonomía de gestión en el manejo técnico, económico y administrativo con carácter definitivo y las responsabilidades en todo el área agrícola y forestal de Yabaré.
En esta línea Céspedes indicó a El Universitario que continuará con el seguimiento al caso dado que se trata de predios que no están reportando ingresos para la Facultad de Ciencias Agrícolas y para la UAGRM en su conjunto, por lo que se configuraría un daño económico a las arcas universitarias.
“Siempre fue un botín político”
Por su parte el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Eudal Avendaño, contraatacó a sus detractores y aseveró que los terrenos de Yabaré siempre fueron un “botín político” de ex autoridades, rectores y decanos de turno.
En este marco denunció que un día antes que él asuma como decano, el 29 de julio de 2016, el rector a.i. Juan Ortubé firmó un contrato de arrendamiento de los predios que le corresponden a su Facultad y el 2017 el rector Saúl Rosas realizó una ampliación de ese mismo acuerdo hasta el 2018 pero lo llamativo del caso es que esa misma empresa entró en quiebra y hasta el día de hoy no pagó el 60 por ciento del alquiler que le correspondía, por lo que solicitó al ICU solicitó que se haga auditoría de esos terrenos desde 1998.
Investigación en puertas
A su vez las unidades de Asesoría Legal y Activos Fijos de la UAGRM investigan a otra empresa que también estaría realizando explotación ilegal de estos terrenos en la zona de Yabaré, pero en este caso los funcionarios universitarios prefirieron mantener en reserva esta información para no entorpecer las indagaciones y se cuente con los elementos para efectuar cualquier demanda.
De igual forma en los próximos días se conocerá la situación jurídica del decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Eudal Avendaño, respecto a que si es o no imputado en la causa que impulsa la UAGRM.
