By Los departamentos con mayor incidencia de casos son La Paz (70), Santa Cruz (37) y Cochabamba (31). Las denuncias en otros departamentos también son considerables (ver infografía). Estos datos salen a la luz luego del caso del feminicidio de Betsabé Mara (24) a manos del teniente de Policía Adan Mina, quien confesó el hecho y fue sentenciado a 30 años de cárcel.
De las denuncias por violencia de género, el 1 por ciento llega a ser sancionados en la vía disciplinaria.
Requisito
Desde el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía se emitió la resolución administrativa 0154/2020, que resuelve incorporar en el reglamento de convocatoria a exámenes de ascenso y cursos de post y pregrado de la Policía dos nuevos requisitos.
“Una persona que tenga problemas psiquiátricos no puede ser un miembro ni de la Policía Boliviana ni de las Fuerzas Armadas”, afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Explicó que, luego de un análisis con el Alto Mando policial y el Estado Mayor, decidieron incorporar los dos nuevos requisitos en el Reglamento de Convocatoria a Exámenes de Ascenso y Cursos de Pos y Pregrado de la Policía Boliviana.
Los subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles, suboficiales, sargentos, clases y policías, sin excepción, deberán cumplir estos requisitos, dijo Murillo. Si bien el 99 por ciento de los efectivos no tiene ningún problema psicológico, “estos problemas pueden despertar o acrecentarse en el proceso de su carrera por el uso del poder, por el uso del arma, por las preparaciones que van recibiendo los policías”, aseveró.
La resolución llegó a todos los comandos departamentales mediante el circular 035/2020. “El certificado psicológico será emitido por la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social o por un consultorio psicológico particular homologado por la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de la Policía”, establece la resolución.
Continúa: “El certificado de antecedentes de violencia en razón de género (Sippase) será otorgado por el Consejo de la Magistratura de conformidad al artículo 13 de la ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia (ley 348)”.
Observaciones
Esta determinación fue observada por algunos funcionarios del servicio pasivo que piden que esta medida no sólo sea para la institución policial, sino sea adoptada también por todas las entidades del Estado. “Empiecen por la presidente, sus ministros, senadores, diputados; jueces, fiscales igual que las Fuerzas Armadas (FFAA).
Todo el Estado necesita una evaluación psicológica”, refieren. Los policías del servicio pasivo manifiestan que los altos mandos policiales deben hacer un seguimiento real al estado físico, psicológico y emocional de todos las personas que forman parte de la institución policial.
En este sentido, el delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, dijo que con un certificado psicológico no se solucionará el problema estructural que existe dentro de la Policía, y que de manera permanente se debe hacer un trabajo de prevención y seguimiento a los funcionarios policiales.
“La medida asumida por el Ministerio de Gobierno y el Comando General sólo busca deslindar responsabilidades que ellos como institución están llamados a hacer, antes que todo debe primar el bienestar social y familiar de sus funcionarios públicos”, dijo. Cox refirió que es el alto mando policial quien debe garantizar el buen desempeño de los policías, abordajes psicológicos y tratamientos terapéuticos.
El trabajo cotidiano del policía hace que algunos uniformados a lo largo de su carrera sean afectados en su desempeño e incluso pueden quedar perturbadas por el trabajo investigativo que realizan. Es por ello que es relevante que se haga una evaluación constante y permanente del personal y esto no se logrará con una evaluación para un ascenso.
No existe un artículo en la Ley 101 que sancione a un policía por violencia de género.
En cuanto a la situación de las víctimas de violencia, la representante del colectivo de Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, señaló que recibieron decenas de denuncias de parejas de policías. Las mujeres indican ser víctimas de agresiones y amenazas.
“La situación que atraviesa la Policía actualmente hace notar que hay un proteccionismo entre camaradas, eso implica que dejen muertes como el de Betsabé”, dijo. Nogales manifestó que es importante incluir algunos artículos en la Ley 101, en los queclaramente se especifiquen sanciones contra funcionarios policiales que sean denunciados por violencia de género.
En la Ley de Régimen Disciplinario (101) no existe una tipificación adecuada para temas de violencia, solo sanciona a los oficiales si agreden a sus parejas en días de servicio, de uniforme o haciendo alusión a ser funcionario policial.
Un fiscal policial, que por seguridad pidió no ser identificado, explicó que de todas las denuncias por violencia de género que recibe la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi), el 1 por ciento culmina en acusación y una sanción disciplinaria. “Al no existir artículos que sancionen como falta la violencia de género, muchas veces nos vemos obligados a forzar las acusaciones para que se dé una sanción, esto es difícil para nosotros, porque debemos enfrentarnos contra abogados profesionales que conocen nuestra normativa”, dijo.
El fiscal policial señaló que toda la investigación dura un año aproximadamente. En este lapso algunas víctimas se retractan de las denuncias y otras simplemente las abandonan.
“Mientras se desarrolla la investigación, algunos testigos de las víctimas ya no se presentan, las mismas denunciantes desisten, algunas lo hicieron en plena audiencia. Puede que este desistimiento lo hagan por miedo, pero dejan los casos y estos se cierran”, explicó.
Algunos policías se niegan a recibir denuncias contra sus camaradas, esto hace que los oficiales no sean sancionados.
La representante de Mujeres de Fuego señaló que muchas mujeres dejan los casos porque son acosadas por sus parejas y sus camaradas, que, en gran parte de las ocasiones, se niegan a atender las denuncias, ya sea en las Fuerzas Especiales o en la Didipi.
“Cuando la denuncia es contra un policía realmente es difícil que la víctima sea atendida, existe bastante proteccionismo entre camaradas, esto prácticamente obliga a algunas víctimas a abandonar los casos”, explicó la representante de Mujeres de Fuego. Cox y Nogales coinciden en afirmar que es importante que las evaluaciones psicológicas sean anualmente, para así poder refrescar la mirada de los policías.
“Si la Policía no cuenta con especialistas en psicología y psiquiatría, pueden buscar convenios con instituciones o pedir ayuda a las alcaldías para que sus profesionales puedan recibir atención psicológica pronta y efectiva”, señaló Cox. El objetivo que se debe lograr, según el delegado, es que cuando un policía vea que su camarada ejerce violencia contra su pareja u otro familiar denuncie el hecho y no lo encubra.
“No se puede generalizar, no todos los policías son malos, hay algunos buenos y comprometidos con su institución, pero estos malos policías como el teniente Mina, son los que hacen quedar mal a su institución. Muchas personas dicen cómo voy a tener confianza en la Policía, cuando son ellos quienes tapan los casos de violencia o se niegan a recibirlas”, manifestó Ángela Nogales.
En este sentido, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, señaló que se hará una reevaluación a las actuaciones de casi todos los policías, sobre todo de los que hayan sido denunciados por violencia y sus casos hayan sido rechazados, como el del ahora exteniente Adan Boris.
“Cuando tengamos los resultados, esos policías serán dados de baja o enfrentarán procesos disciplinarios internos. Hay cero tolerancia a estos actos de violencia en la Policía”, dijo.
El comandante departamental de la Policía, Javier Mendoza, refirió que ningún funcionario policial que esté involucrado en hechos de violencia será protegido y que todos recibirán las sanciones ejemplares que corresponden.
“La Felcv nacional investiga los pormenores del caso del teniente Mina. Daremos con los responsables con aquellos que desecharon el caso, cuando tengamos el informe específico lo daremos a conocer a la opinión pública, porque aquí no socaparemos a nadie”, dijo.
Al respecto, un jefe policial que pidió no ser identificado, afirmó que los jefes policiales de entonces, de la Felcv y del Comando Departamental, deben ser procesados en la vía disciplinaria y ordinaria por haber dejado que un tema tan delicado como una denuncia por feminicidio en grado de tentativa haya pasado desapercibido.
Además, un funcionario policial lamentó que ningún oficial o jefe haya dado parte sobre el aspecto en el que Mina se presentaba a su unidad. “Esa melena es de aproximadamente tres meses, cómo es posible que haya trabajando en la EPI central. Dónde estaban los jefes y oficiales que trabajan ahí, por qué permitieron que este tipo vaya a trabajar con esa melena”, dijo.
Gabinetes psicológicos en unidades policiales
Algunos jefes policiales, preocupados por el bienestar de sus tropas, por iniciativa propia, abrieron gabinetes psicológicos en las unidades policiales que comandaban, tal es el caso del segundo batallón de la Policía, en el que años atrás estaba comandando por el coronel Iván Luque.
El oficial contó que esta iniciativa surgió al ver alguna “irregularidad” en sus camaradas.
“A veces los veía preocupados, estresados o se faltaban a un servicio, viendo desde el lado humano me di cuenta que era necesario saber qué les aquejaba y con la ayuda de personal de la clínica policial logramos abrir un gabinete psicológico”, contó.
Luque refirió que esto ayudó en el desempeño de los policías y que esta iniciativa fue replicada en en otras unidades.
Policías y feminicidios
En las últimas semanas, se reportaron tres casos contra policías, de los que dos fueron por feminicidio y uno por violencia física contra su pareja. El caso del ahora exteniente Mina fue el que mayor connotación tuvo en el país, sin embargo, días después en Oruro otro policía fue aprehendido por estar involucrado en un doble feminicidio.
En Santa Cruz, otro uniformado fue denunciado por amenazar y agredir a su pareja.
