By Las medidas de la presidenta Jeanine Áñez, para encarar la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, le pasan factura.
Desde el Frente Para la Victoria (FPV), partido que participa de las Elecciones Generales del 18 de octubre y la Asamblea Legislativa llevan adelante un juicio de responsabilidades en su contra que plantea la inhabilitación temporal o definitiva de su mandato, una sanción penal (sentencia condenatoria), así como el resarcimiento, entre otros. Los primeros aseguran que la decisión de decretar la cuarentena total entre los meses de marzo, abril y mayo, dejó a la población con carencia de alimentos y servicios de salud. Entre tanto, los legisladores denuncian la falta de transparencia en los créditos internacionales.
La Ley
Por procedimiento, las denuncias contra los mandatarios se realizan ante el Fiscal General, quien a su vez debe determinar si la rechaza o plantea una proposición acusatoria. Entonces, el Legislativo debe autorizar la realización de un juicio de responsabilidades, que se desarrollaría en el Tribunal Supremo de Justicia.
Así lo establece la Ley del 8 de octubre de 2010 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.
En su artículo 4 hace referencia a la violación de los derechos constitucionales y establece “la sanción de inhabilitación temporal o definitiva de su mandato y/o ejercicio de sus funciones y la prohibición de ejercer cualquier función pública, hasta el máximo del tiempo previsto como sanción penal”.
Asimismo, la norma señala que “los condenados deberán resarcir al Estado el daño civil que derive del hecho delictivo”.
Los delitos por los que se va a juicio son traición a la Patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero; violación de los derechos y de las garantías individuales; uso indebido de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones; resoluciones contrarias a la Constitución; anticipación o prolongación de funciones; concusión; exacciones; genocidio; soborno y cohecho; y cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones.
La Cuarentena
El vocero del FPV, Leopoldo Chui informó ayer de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para el inicio del juicio. La acusación, dijo, es por los delitos de genocidio y resoluciones contrarias a la Constitución, por lo que se solicitó una pena de 20 años de privación de libertad para la mandataria.
“La presidenta Añez ha planteado una cuarentena total no de acuerdo a las características del país, sino que ha hecho copia de otros países. Hay varios muertos, hay varias personas que realmente han quedado en una situación de subsistencia inhumana en regiones del país”, agregó.
Chui, que fue fiscal de materia, dijo que además de las carencias en alimento y salud, en la cuarentena total, la Policía y los militares ejercieron “una carga de presión psicológica a la sociedad”.
Enfatizó que, si bien los funcionarios del aparato estatal tuvieron un sueldo para llevar adelante los gastos en la cuarentena, en otros sectores del trabajo informal “no han tenido en ni siquiera para comprarse el pan de cada día”.
Pidió al Fiscal General que emita una acusación contra la mandataria y que se la remita a la Asamblea Legislativa, para que se autorice el juicio de responsabilidades.
La Ley establece un plazo de 30 días hábiles para formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, “el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable”.
Los créditos
Por otro lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, informó de la preparación de un juicio de responsabilidades por la falta de transparencia en el destino de los créditos internacionales que aprobó la Asamblea para la lucha contra la pandemia. De acuerdo con la información de una nota de prensa, se estaría transgrediendo la Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones que establece un plazo de 30 días para que el Gobierno informe al Órgano Legislativo sobre el endeudamiento público externo e interno, principalmente.
Copa dijo también que en la gestión de Áñez se agudizó el endeudamiento del país y la crisis económica con gastos corrientes y de servicios que no corresponden.
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