By Sigue la mala percepción que existe en el país sobre la corrupción. El Índice de Percepción de Corrupción IPC 2020, elaborado por Transparencia Internacional, establece que Bolivia se sitúa en el puesto 124 de 180 países del mundo, es decir, está en el último tercio de naciones analizadas.
Bolivia obtiene un puntaje de 31 (siendo cero equivalente a “menos transparente” y 100, a “más transparente”) y está a la cola del continente, con índices de corrupción similares a algunos de los obtenidos por naciones africanas, como Niger o Sierra Leona. La puntuación de 31 asignada a Bolivia es la misma que la del año anterior, pero la tendencia es, en general, a la baja en los últimos años. Chile y Uruguay son los únicos países de la región en situarse en posiciones similares a las de las naciones industrializadas.
Excepto esos dos países, la situación en América Latina es preocupante, con un promedio de 43 en la escala hasta 100. Los responsables del estudio señalaron que ese promedio se mantuvo durante años sin cambios, lo que demuestra las dificultades de la lucha contra la corrupción en la región.
Una de las más alarmantes conclusiones del organismo es que algunos países han usado la pandemia del coronavirus para relajar los controles en las adquisiciones públicas, generándose gracias a ello actos de corrupción. Durante 2020, Bolivia no estuvo ajena a esa situación.
El Índice de Transparencia estudia, entre otros, el grado de penetración del soborno en un país, además de niveles de desvío de fondos públicos, uso de los cargos públicos para beneficio privado, nepotismo, incapacidad del gobierno para hacer cumplir la norma, excesiva carga burocrática, etc. La manera cómo se hace el índice es mediante el análisis de reportes de entidades especializadas y la realización de encuestas a entidades representativas de una sociedad.
Se requiere de un gran compromiso político para luchar contra esta lacra, que afecta la credibilidad de la democracia, reduce el apoyo al sistema político y genera un lastre para el crecimiento económico del país.
Para luchar contra la corrupción se necesita, para empezar, un sistema judicial independiente, del que Bolivia está lejos de conseguir. Lejísimos, la verdad. Y luego se requieren otros componentes, como que se reduzcan y se transparenten los pasos burocráticos, para que cada persona sepa qué requisitos deben cumplirse para cada trámite. Además, las compras estatales deben ser públicas, difundidas en portales de internet. Los pocos avances que se hicieron en ese sentido durante los años 90 fueron detenidos durante el largo primer gobierno del MAS.
Página Siete.
