By Entre abril y agosto, la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDDHH) en Tarija recibió cuatro denuncias sobre hijos que engañaron a sus padres para quedarse con sus bienes inmuebles o venderlos. Situación que alerta por la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad, tanto en el área urbana y rural del departamento.
La presidenta de la APDDHH en Tarija, María Teresa Rojas, indicó que recibió este tipo de denuncias vía teléfono, debido a las restricciones por la pandemia, por lo que resulta “complicado” hacer un seguimiento de los casos. Pese a ello, se buscó la conciliación entre padres e hijos.
“Conozco varios casos que, por ser madres o padres, los hicieron firmar documentos y luego los despojaron de sus casas, pero llegado el momento cuando hablamos con los hijos, argumentan que fue voluntario (…)”, señaló. Al indicar que, si bien desde la representación de Derechos Humanos se busca ayudar a los afectados, luego de presentar la denuncia surge “el sentimiento y afecto”, por lo que no avanzan los procesos.
“Hace falta que los hijos sean conscientes, pero como quiere obtener algo a lo fácil o beneficio, venden la mitad de la casa o la hipotecan y eso es terrible”, comenta Rojas. Tras hacer un llamado a los hijos y familiares a proteger a las personas de la tercera edad por ser un sector vulnerable y recordó que existen leyes que los ampara y protegen.
Testimonios
Marta tiene más de 70 años y poco antes de la pandemia notó que la relación con su hija estaba teniendo problemas. Ellas viven en una casa que Marta construyó en un lote que heredó de su padre cerca del aeropuerto y que pagó con el trabajo de toda su vida. La hija ya tiene su propia familia, pero la llevó a vivir a uno de los cuartos de la casa por la crisis económica que atravesaba.
“Qué problema iba a tener en que mi hija se quede con sus dos hijos y su marido si al final son la familia”, comentó Marta con una voz entrecortada y serena a través del teléfono. Según explicó, durante la pandemia tuvieron miedo de quedarse sin comida, pues la familia de su hija tiene deudas, el marido no tiene trabajo y para ayudarlos, ella compartía su pensión y los productos que recibía por ser una persona de la tercera edad.
Sin embargo, en junio, su hija le hizo firmar unos documentos supuestamente para que no les cobren el agua, la luz y el gas. “No desconfié y firmé”, dice. Esta firma está plasmada en un documento para pasar la propiedad a nombre de su hija, quien hace algunas semanas amenazó a Marta con retirarla de la casa, si es que tomaba represalias legales en su contra.
“Dónde me voy a ir si esta casa es mía. Después de tanto trabajo tengo ahora que estar en estas andanzas”, explicó entre sollozos.
Ante esa situación, Rojas indicó que las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones.
La población de la tercera edad en Bolivia llega a 1.099.785 personas, lo que equivale al 9 por ciento del total de habitantes, según datos para el año 2020 de la Fundación Jubileo.
Si bien, en Bolivia existen leyes que protegen a este sector, datos de la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia (Anambo) dan cuenta que 40 de cada 100 personas de la tercera edad, sufren algún tipo de maltrato físico o verbal del entorno familiar.
El País
