El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) recogió los pronunciamientos que hicieron organismos internacionales sobre los hechos de violencia que se dieron en Bolivia tras las elecciones anuladas del 20 de octubre y la renuncia de Evo Morales
Las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.
Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, ya afirmó el 2 de febrero que le preocupa “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales (…) Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.
Mientras que Michelle Bachelet, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, señaló el jueves que su oficina emitió un reporte por más de 35 personas que perdieron la vida en los hechos de violencia desatadas tras las elecciones anuladas del 20 de octubre por denuncias de fraude.
También hace notar la CELAG que la “ONU no nombra como “presidenta transitoria” a Jeanine Áñez. “El bloque minoritario del Senado, convocado y votado sin el quorum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia.”
Sobre la (Confederación Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó pronunciamientos como el llamado a la reparación de los lesionados y sus familiares, y el recuerdo al Estado boliviano de “que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos por la Convención, especialmente cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales”.
La CIDH además, calificó de “masacres” a los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, donde en total perdieron la vida 19 personas por impacto de bala, ambos hechos se realizó en combinación fuerzas policiales-militares.
Mientras que “Human Rights Watch hace notar las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien afirmó en “CNN que lo sucedido en Bolivia con Evo Morales (renuncie por sugerencia de un jefe militar) “es técnicamente un golpe de Estado”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló sobre el Decreto Supremo 4078 como “cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”. Con información de La Razón