El Universitario

Intermediario que vendió material represivo a Bolivia, ligado a tráfico ilegal y venta de armas.

Intermediario que vendió material represivo a Bolivia, ligado a tráfico ilegal y venta de armas.

Luis Berkman sorpresivamente, antes que se le dicte sentencia (2002), huyó a Estados Unidos donde creó compañías de venta de armamento junto a su hijo. Ministerio de Gobierno no informa al respecto.

Uno de los representantes del intermediario escogido por el Ministerio de Gobierno, y contratado por el Ministerio de Defensa, para adquirir municiones “no letales” por 39,3 millones de bolivianos, tiene antecedentes por tráfico ilegal de armas en Bolivia.

Por otro lado, los dos representantes tienen a su nombre otras seis empresas en Estados Unidos, al menos dos de ellas dedicadas a la venta de armamento.

La persona con los antecedentes penales, además, mantiene una estrecha amistad con el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Rodrigo Méndez. Esto se conoció después de que esta cartera de Estado decidió, de forma imprevista y poco clara, contratar a la empresa intermediaria a fines de 2019.

El 26 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno comunicó a la empresa proveedora de las municiones (Cóndor Tecnologías No Letales) que realizarían la compra únicamente a través del intermediario Bravo Tactical Solutions (BTS). Dicha empresa, con sede en Estados Unidos, pertenece a Bryan Samuel Berkman y a su padre, Luis Berkman Littman, quien es estrecho amigo de Méndez.

Tráfico de armas

La imagen puede contener: 1 personaEn julio de 2001 la Policía y el Ejército desbarataron una red de traficantes de armas compuesta por militares y civiles. El grupo pretendía transportar de forma ilegal 50 fusiles y dos metralletas del Ejército boliviano al Paraguay.

En ese entonces, de acuerdo a la información del Ejército, se identificó como cabecilla de la banda a Luis Berkman Littman, un comerciante cochabambino amigo de Gary Suárez Levy (hijo de Roberto Suárez, conocido como “el rey de la cocaína”), y allegado a un paraguayo representante de una empresa distribuidora de armas.

En un reporte de ANF, en 2001, se señala que Berkman Littman además mantuvo relaciones “comerciales” a nombre del Ministerio de Defensa en aquella época.

En la investigación que hizo el Ejército se señaló también que un funcionario de la Felcn conoció a Littman a través de un estadounidense que trabajaba para la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos (NAS). En total ocho civiles y cinco militares fueron involucrados en la red.

Sorpresivamente, después de pasar un tiempo en el penal de Palmasola, Berkman obtuvo medidas sustitutivas a fines de 2001. Meses después, a mediados de 2002, un juez le concedió la devolución de su fianza y el desarraigo. Con ello el imputado huyó a Estados Unidos antes de que se dicte una sentencia.

Lo último que se conoce del proceso penal que se siguió hace años es que en 2008 se dictó una sentencia condenatoria contra uno de los implicados, que luego fue apelada. En un auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia, de noviembre de 2013, se menciona a Berkman Littman bajo la declaratoria de rebeldía, imputado por peculado, cohecho activo y recepción.

Empresas en EEUU

Después de su fuga, Berkman Littman y su hijo crearon varias empresas en Estados Unidos. Una de ellas es Bravo Tactical Solutions (BTS), que surgió en 2013. A  lo largo de su historia  figuran al menos seis direcciones distintas en sus registros. En su página web, que fue creada a mediados del año pasado, se promociona la venta de equipamiento policial y militar.

En junio de 2017, Bryan Berkman registró otra empresa llamada Green Dragon Distributors, la cual en su página web ofrece armamento. Esta compañía fue registrada en el estado de Florida, Estados Unidos, con una de las direcciones de BTS. En su página web figura el  mismo número telefónico que en la de Bravo Tactical Solutions.

Entre otras empresas en las que los Berkman figuran como representantes están: Army Specs (creada en abril de 2018); International Defense Group Incorporated (enero de 2004), en ésta Luis Berkman figura como presidente; BB Distribution (mayo de 2017); y Juice Monkey (junio de 2011). Todas ellas comparten direcciones de domicilio vinculadas a BTS.

El diario Página Siete informó que intentó contactarse con Bryan Berkman a través de un correo electrónico de la empresa BTS y su cuenta de Facebook personal, pero no hubo resultados. También se intentó conseguir, una vez más, una posición del Ministerio de Gobierno, tampoco hubo resultado.

El  negocio

  • Intermediario 

    La empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), de propiedad de Bryan Berkman y Luis Berkman,  fue escogida por el Ministerio de Gobierno de forma sorpresiva y poco clara para adjudicarse la compra de municiones “no letales” por 39,3 millones de bolivianos.

  • Proveedor 

    La empresa proveedora de estos productos es la compañía brasileña Condor Tecnologías No Letales. La misma es una empresa líder en equipamiento policial y militar en América Latina.

  • Secuencia 

    El gobierno del MAS, poco antes de dejar el poder, calculó la adquisición de estos implementos. Sin embargo, la compra se concretó dos meses después y con el intermediario elegido por las nuevas autoridades.

El Ministerio de Gobierno guarda silencio y acusa a periodista 

Pese a los constantes intentos para obtener información sobre la compra irregular de municiones “no letales”, el Ministerio de Gobierno guarda silencio al respecto. Desde la unidad de comunicación se indicó que no se hablaría al respecto, pues ya se emitió un comunicado, el cual fue difundido a través de redes sociales.

En dicho comunicado se aseguró que la adquisición de estos insumos, realizada en diciembre de 2019, se hizo dentro los parámetros legales y que no hubo ninguna irregularidad.

Además se acusó al periodista Junior Arias (quien publicó los documentos de la adquisición irregular) de difundir historias falsas y actuar en el marco de la “guerra sucia y guerra política”. “Es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”, se señaló en el comunicado.

Ante tal pronunciamiento, organizaciones de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión cuestionaron el actuar del Ministerio de Gobierno, que, en lugar de aclarar y transparentar las adquisiciones realizadas, amedrenta a un periodista.

“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas”, escribió el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en su cuenta de Twitter.

Página Siete también se contactó con el Ministerio de Defensa, donde indicaron que el ministro Fernando López se encuentra de viaje atendiendo la emergencia sanitaria en Trinidad, Beni, y que probablemente retorne recién hoy a La Paz.

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