By La desgarradora historia de Amina Filali fue sin duda el emblemático caso que sirvió para luchar contra las leyes de países, que aún permiten a los violadores escapar de sus condenas al casarse con sus víctimas.
Amina, una adolescente de Marruecos, tenía 15 años cuando les contó a sus padres que la habían violado.
La familia, “siguiendo el consejo de un funcionario judicial”, según dijo el padre de la menor, la obligó a casarse con su violador, un hombre de unos 25 años.
Meses después, tras denunciar golpizas y agresiones, la adolescente se suicidó con 16 años tomando veneno para ratas.
La menor murió en 2012 y su caso desató protestas y campañas de grupos de mujeres a nivel nacional. El Parlamento de Marruecos finalmente derogó en 2014 la ley que permitía a un violador evadir la justicia si se casaba con su víctima.
Sin embargo, leyes del mismo tipo aún son una realidad en varias partes del mundo, incluida América Latina, según el reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), titulado “Mi cuerpo me pertenece”.
Irak, Baréin, Libia, Kuwait, Angola, Argelia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Siria y Tayikistán son los países en el Medio Oriente y África que aún contemplan en sus leyes la posibilidad de que el violador se case con la víctima.
Las víctimas casadas con sus violadores se ven atrapadas en uniones que las exponen a posibles violaciones y otras agresiones de por vida.
“En muchas ocasiones estas leyes existen porque lo que se está tratando de ‘proteger’ aquí es el honor de la familia, del nombre, el honor de la víctima”, señaló a BBC Mundo Bárbara Jiménez, abogada especializada en derechos de la mujer y representante de Equality Now para América Latina.
El “deshonor” por la pérdida de virginidad es visto por las familias como un mal mayor que la integridad de sus hijas.
AMÉRICA LATINA
La mayoría de los países en la región derogaron los artículos en sus códigos penales que permitían a un violador evadir la justicia casándose con su víctima.
Pero estos cambios legales son relativamente, e increíblemente, recientes. Esas normas se eliminaron por ejemplo en Uruguay en el 2006, en Costa Rica en el 2007, en Bolivia en el 2013 y en Venezuela en el 2015.
Y un país de la región, República Dominicana, aún tiene un artículo en su código penal (Art. 356) que permite que el perpetrador de una violación escape a su condena contrayendo matrimonio.
Pese a que en enero del 2021 esta norma fue implícitamente anulada con la prohibición de matrimonios con menores de 18 años, aún permanece vigente el Artículo 356 y existe siempre el riesgo de que aparezca algún ‘genio intérprete’ que use esta ley para favorecer al agresor.
BOLIVIA Y LAS UNIONES INFORMALES
El agresor sexual puede escapar a la justicia incluso cuando no ha habido matrimonio.
“En la región latinoamericana está el fenómeno de las uniones informales. Esto permite aún esas uniones de niñas con personas mayores”, explicó Jiménez.
“Las niñas usualmente se van de su casa a la casa del hombre con el que se unen, muchas veces pasan a vivir bajo el techo de la familia del hombre, algunas veces según entienden con la única posibilidad económica de salir de su hogar”, detalló.
En el caso de Bolivia, por ejemplo, “según un reportaje periodístico, la unión o convivencia de niñas menores de 15 años existe y es una realidad, a pesar de que en la ley boliviana es delito que un mayor de edad conviva con una niña o una adolescente”, señaló a BBC Mundo Patricia Brañez, representante en Bolivia de CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres).
En Bolivia cerca del 22% de las adolescentes se unieron antes de los 18 años, y 3% antes de los 15 años, según estimó el informe de Unicef de 2015 “Una aproximación a la situación de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe”.
“Según la Encuesta de Hogares del 2017, al menos 12.500 mujeres, entre 12 y 17 años, declararon que viven en concubinato. Estos datos visibilizan además que el 0,01% de las niñas entre 12 y 14 años han sido madres”, agregó Brañez.
