By El 16 de diciembre del año 2005, el Parlamento del Bolivia aprueba la Ley Financial que establece que ningún funcionario o servidor público, a excepción de quienes trabajan en empresas estratégicas del Estado, deben ganar un sueldo igual o mayor al que percibe el Presidente del Estado.
No sería hasta el 20 de junio del año 2006, cuando el Presidente Evo Morales, promulga el Decreto Supremo N° 28750 que reglamenta la ley Financial y prohíbe expresamente que algún funcionario del Estado pueda ganar más que la primera autoridad del país.
Consecuentemente, el 30 de julio de 2006, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), rechaza aplicar la Ley Financial y esgrime una nueva escala salarial que hasta la fecha rige, tanto para el sector docente como administrativo.
De esta manera, la Ley Financial no se aplica en la UAGRM. Por esta razón, desde el año 2013 muchos docentes son notificados para que, o asuman defensa, o paguen el sueldo cobrado, excedentario al que gana el primer mandatario del País.
Varios catedráticos, cerca de 500, fueron notificados hasta la fecha, para que asuman defensa. Muchos de ellos se resisten aún a devolver y exigen a sus dirigentes y al Rector de la Universidad que asuma defensa. Mientras que varios otros docentes, comenzando por el decano de la Facultad de Cs. Jurídicas, ya devolvieron el dinero a cuentas fiscales de la Universidad.
Más allá del aspecto meramente legal, en todas las campañas y elecciones universitarias, pareciera sublime oponerse a una ley bajo el rótulo de “derechos laborales”, por lo que casi todos los docentes candidatos ofrecen “defender a ultranza” a sus colegas, de la “persecución” de la Contraloría.
El último esfuerzo legal que propició la Federación Universitaria de Profesores, al contratar a un experto constitucionalista, William Herrera no obtuvo resultados favorables para los catedráticos.
Mientras tanto, muchos docentes alimentados por la esperanza de que sus dirigentes y autoridades evitarán, como sea, que la Contraloría los procese -además seguros que sus derechos laborales están por encima de cualquier ley- se resisten a pagar los cargos que, en algunos casos apenas alcanza a Bs 17, y en otros a Bs 121.000.
