El Universitario
Narco asesino que se creía que estaba en Bolivia esperando su sentencia, fue aprehendido en Perú.

Narco asesino que se creía que estaba en Bolivia esperando su sentencia, fue aprehendido en Perú.

Carmelo Orellana Ruiz fue condenado en 2018 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinar y enterrar en una estancia ganadera de San Borja a su trabajador, pero no ha cumplido ni un día de esta condena. Ese mismo sistema judicial que con celeridad atendió sus pedidos y le permitió defenderse en libertad, andar sin custodia policial y volar sus aeronaves, en cuatro años no ha resuelto un recurso que debería hacerlo en diez días. El Tribunal Departamental de Justicia de Beni dice que el caso está ‘haciendo fila’ debido a una carga procesal del 350%.

Andrés trepa a toda prisa el primer árbol “medio alto” que encuentra a su paso. Otea el horizonte y no ve a nadie, pero igual grita: “¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí está!”. Nada. No hay respuesta. Mete aire a los pulmones y a todo lo que le da la voz, repite: “¡Aquí estáaaaaa!”. El silencio le responde.

Hace un paneo y solo ve una vasta llanura verde, con pequeños islotes de árboles. Baja la mirada y a pocos metros observa sus huellas. Al lado, una varilla de fierro de un metro y medio. Al verlo, una corriente de aire frío le vuelve a atravesar la espalda. La piel se le eriza y el olor… ¡uf!, ese olor a muerte. Ahí Carmelo Orellana Ruiz, junto a sus cómplices, cavó una fosa de medio metro de profundidad y enterró el cuerpo de su trabajador Bladimir Temo Fresco, amigo de Andrés.

A Bladimir lo habían buscado por tres meses y, el primero de junio de 2017 era el último. Ese día, cuando ya los familiares y amigos, exhaustos y tristes, volvían sobre sus pasos, el azar o el destino quiso que Andrés fuera el último en retirarse.

Ese día lo tengo bien vivito en la mente. Ya se estaba poniendo el sol. Me di cuenta que todos se habían ido y empecé a caminar rápido, cuando… ¡chan! ¡Pisé la sepultura!

Andrés, cuyo nombre real se reserva, dice que no solo el corazón le palpitaba a mil, sino que sintió que la sangre le subía a la cabeza.

Lo único que atiné fue a clavar la varilla de fierro que llevaba en la mano, al sacarla y sentir el olor, no tuve dudas, era él. Quiso que yo lo encontrara.

Para la familia de Bladimir, sin conocimientos en leyes y de escasos recursos económicos, no solo fue un calvario dar con el cuerpo de su ser querido para llorarlo, despedirlo y sepultarlo como Dios manda, sino también para lograr que el asesino y sus cómplices sean llevados ante la justicia. Pero, cuando creyeron que con la sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto se acaban sus penurias, el cuestionado sistema judicial de Bolivia ‘congeló’ la condena y el criminal no solo no ha cumplido ni un día de su sentencia, sino que salió del país, fue capturado por narcotráfico en Perú y, actualmente, se encuentra libre.

Tristemente el caso de Carmelo no es la excepción a la regla. En 2020, según un informe sobre el estado de la justicia en Bolivia de la Fundación Construir, en este país suramericano habían 228.423 causas pendientes, y las enmarcadas en materia penal, donde se tipifica el delito de asesinato, son 115.358. Lo que se traduce en una carga procesal pendiente del 51% y, tal como refleja el informe sobre Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, redunda en una retardación de justicia del 57%.

Secuestro y asesinato

Eran las 16:00 del lunes 30 de enero de 2017 y Bladimir debía estar trabajando en la estancia ganadera de Carmelo Orellana Ruiz, pero no, tenía una debilidad: el alcohol. Carmelo fue a buscarlo. Ya le había dado un adelanto de 1.800 bolivianos (259 dólares). Lo encontró en una casa de Pinar del Río, a 15 kilómetros de San Borja, una localidad beniana distante a 360 kilómetros de La Paz. Ahí se armó una gresca y el perdedor fue ‘el patrón’.

Pero Orellana, un músico de banda convertido de la noche a la mañana en próspero ganadero, dueño de aeronaves y piloto privado, no sabía perder. Hizo un par de llamadas, a Luis David Vargas Melgar y Guillermo Soleto Bravo, y a las 22:00, en una vagoneta Land Rover, color azul marino, con las luces apagadas y guiado por la luz de la motocicleta que conducía un menor de edad, volvió por el trabajador.

El expediente judicial señala que un tal “Pancho” confirmó la ubicación de Bladimir. Lo siguiente fue rápido: Orellana bajó del vehículo flanqueado por dos hombres en cuyos uniformes decía: “Policía”, que de forma violenta sacaron al infortunado peón y, como a bulto, lo cargaron al vehículo.

Desde entonces hasta el primero de junio de 2017, la Policía puso el caso de Bladimir con el rótulo de “desaparecido”.

La búsqueda

“Don Carmelo y dos policías se han llevado a Bladimir”. La noticia se diseminó como pólvora en San Borja, un municipio de 50.000 habitantes que pertenece al departamento oriental de Beni, colindante con Brasil. Obviamente, llegó también a oídos de los hermanos de Bladimir. Ese ‘choquito’ (pelo rubio) de ojos café claro era el menor de nueve hermanos por parte de madre. No conoció a su padre. Logró terminar la secundaria gracias al esforzado trabajo en la agricultura y ganadería de su madre y de sus hermanos mayores.

Nancy Cayuba Fresco, que prácticamente hizo el papel de madre para Bladimir, cuando murió la suya, fue la primera en correr a la comisaría policial.

– Me dijeron que Don Carmelo junto a dos policías se lo llevaron, ¿dónde más tenía que buscar? En la Policía.

Se pregunta y se responde ella misma.

Pero en la Policía no sabían nada. No habían asistido a ningún llamado por la zona de Pinar del Río. ¿Qué pasó entonces? Los expedientes del “Caso Cayuba 033/2017”, como fue registrado en la Fiscalía de Beni, dan cuenta de que el primero de febrero de 2017 la familia sentó la denuncia en la Policía e inclusive ubicó el paradero de la última persona que vio con vida a la víctima.

Este dato permitió a Omar Ovando Coca, comandante de la Policía, guiar a sus agentes hasta el aeropuerto Capitán Germán Quiroga Guardia de San Borja. Allí, Orellana estaba a punto de alzar vuelo en su avioneta privada.

Su primera versión, llena de contradicciones, fue que contrató a dos pescadores del río Maniqui para que le ayuden a llevar al ‘vaquero rebelde’ a la Policía, pero que, pese a estar ebrio, se les escapó de las manos en medio camino.

Mientras se declaraba incapaz de identificar a los supuestos colaboradores ocasionales y de brindar información sobre cómo ubicarlos, saltó a simple vista el vendaje en su dedo meñique de la mano derecha y las “excoriaciones en forma de rasguñaduras” en su cuello. Acto seguido, fue aprehendido y conducido a una celda.

Para entonces ya la población de San Borja estaba enterada del asunto por lo que no fue extraño que el 3 de febrero, el día de la audiencia cautelar, se congregara para una vigilia en las afueras de la Casa de Justicia. No solo era cuestión de justicia sino de que diga dónde estaba el cuerpo del peón. Pero la audiencia se demoraba, la noche caía, los ánimos se caldearon y la decisión colectiva fue hacer justicia por mano propia. Forzaron el ingreso al edificio judicial y la Policía tuvo que hacer uso de gas lacrimógeno para poner a buen recaudo al imputado, a la jueza y a la fiscal.

El 3 de febrero de 2017, tres días después del asesinato de Bladimir Temo,
los pobladores de San Borja
instalaron una vigilia en la Casa Judicial | Foto: Archivo

Al día siguiente la audiencia tuvo que instalarse en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, y Orellana fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Mocoví. Allí no estuvo ni cuatro meses, dice Dixon Hisita, abogado que inicialmente representó ad honorem a los Cayuba Fresco, hermanos de Bladimir.

A partir de este momento comenzó el peregrinaje para esta familia. Tenían dos batallas: lograr una sentencia condenatoria y dar con el cuerpo. Con la poca información provista, comenzaron una búsqueda inclaudicable por las pampas húmedas de San Borja.

– Mucha gente nos ayudó. En grupos caminábamos por los montes. Incluso, pensábamos que lo habían matado y botado al río por lo que también buscamos por el río (Maniqui), cuenta Nancy, la mayor de los Cayuba Fresco.

Su sobrina Yulia Chao, una especie de vocera de la familia, mientras toma el certificado de nacimiento de su tío de la pila de documentos que hacen parte del expediente, recuerda con nostalgia su niñez al lado de Bladimir en la humilde casa familiar donde, de algún modo, cabían todos. “Era tranquilo y le gustaba participar en la banda de su escuela. Tocaba el tambor”, rememora la joven, casi de la misma edad del ahora fallecido.

Pasaban las horas, los días y los meses y el paradero del cuerpo de Bladimir seguía siendo un misterio. La búsqueda no cesaba, tampoco la ayuda de los vecinos y amigos. Algunos donaban alimentos para las ollas comunitarias que se cocinaban en pleno monte. Otros, se unían a la búsqueda. Así lo hizo Andrés el último día destinado al rastreo y tuvo suerte.

Amigos, familiares y vecinos de la familia de Bladimir Temo Fresco
durante cuatro meses se unieron a la búsqueda del cuerpo | Foto: Familia Cayuba Fresco

Para ese primero de junio de 2017, ya la fiscal María Laura Inchaute, que investigó este caso en su etapa inicial, había ‘dado en el clavo’ al solicitar el peritaje del teléfono de Carmelo. El flujo de llamadas del móvil evidenció que el día del crimen contactó a Luis David Vargas y Guillermo Soleto Bravo, los supuestos pescadores del Maniqui.

El primero fue aprehendido y enviado a la cárcel de Mocovi con detención preventiva y el segundo, se dio a la fuga. Algunos afirman que está en Chile.

Así como Orellana, a los pocos meses de estar en prisión, Vargas también logró que la justicia le permitiera defenderse en libertad.

La clave de este peritaje fue la llamada que hizo Vargas al número de un adolescente de 17 años, quien al día siguiente del crimen dejó San Borja para trasladarse a Santa Cruz, de donde es oriundo.

Después de montarse todo un operativo entre agentes de San Borja y Santa Cruz, fue capturado el 20 de mayo. Su declaración resultó valiosa, pues describió con detalles el lugar donde habían enterrado el cuerpo de Bladimir.

El calvario judicial

Antes de bajar del árbol para ir corriendo a alcanzar al grupo de buscadores y contarles del hallazgo, Andrés respiró profundo y le llenó un sentimiento de paz, ese mismo que uno siente cuando cumple una misión. Como ‘flashbacks’ llegaron a su mente los momentos que compartió con Bladimir en la estancia ganadera en la que trabajaron, donde compartían dormitorio e, incluso, se distribuían las tareas para cocinar. También, la conversación del día anterior que sostuvo con su madre: – “Andá hijito. Ellos nos ayudaron a buscar a tu padre”.

Su padre fue asesinado cuando él era un niño y los Cayuba Fresco se unieron a la búsqueda por lo que ese primero de junio, Andrés se desvió del camino y en vez de ir a su parcela (chaco), se dirigió a Los Pinos, donde su amigo era buscado. Y lo encontró ahí, en una fosa, a 150 metros del camino vecinal.

El cadáver de Bladimir Temo fue hallado el 1 de junio en la estancia Los Pinos,
San Borja. Al día siguiente un equipo forense realizó la exhumación | Foto: Familia Cayuba Fresco

La exhumación del cadáver fue al día siguiente y la autopsia, a las 13:30. Con la identificación del cuerpo se puso fin al misterio del supuesto escape de Bladimir, versión que manejaba ‘el patrón’, y comenzó la peregrinación por justicia, una que tiene libre a Orellana y su cómplice, pese a que ambos recibieron una sentencia.

Los testigos describieron con total precisión -relata Rosmery Gamboa, la entonces fiscal que investigó el caso hasta que se dictó sentencia- el momento en que Bladimir fue levantado de la mesa donde bebía alcohol hasta cuando fue ingresado al monte. La descripción de la ropa, incluido el color de las botas y del cinturón, coincidió con lo que vestía cuando fue hallado en la fosa.

Además, la triangulación de las llamadas, la identificación de la víctima y el móvil del hecho, “¡no daban lugar a equivocaciones!”, exclama indignada, después de que han pasado más de cuatro años desde ese 28 de abril de 2018, cuando los jueces Roberto Rejas Ribera, Norka Díaz Morales y Wilson Vargas Inturias dictaran la sentencia N° 11/2018 en la que dictaminaron 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el empleador de Bladimir y 15, en grado de complicidad para Vargas.

“Imagino cuál es la situación de los testigos, personas humildes, que fueron a declarar convencidas de lo que había pasado y confiando en que la justicia iba a hacer que el culpable cumpla su condena en una cárcel; sin embargo, no ocurrió”, lamenta.

El fiscal del distrito de Beni, Ruthiar Vásquez Aguirre, califica de “frustrante” el estado actual de este caso porque llevar a Orellana y su cómplice a la audiencia donde se les dictó sentencia, al Ministerio Público le significó “mover un gran aparato de investigación, destinar recursos y tiempo”.

Una sentencia ‘congelada’

¿Por qué Carmelo Orellana Ruiz no ha cumplido ni un solo día su sentencia? Gran responsabilidad está en el Código de Procedimiento Penal (CPP) que es más garantista para el imputado que para la víctima, responde Hisita. Y si a eso se le suma los “códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como a la corrupción”, la falta de transparencia y el drama de la impunidad, como señala el informe sobre Bolivia del Alto Comisionado de la ONU, hacen que en «en Bolivia, la justicia esté lejos de la gente”.

En el caso de la sentencia por el asesinato de Bladimir, la defensa de Orellana, que es la misma que defendió a cómplice Vargas, presentó una apelación restringida aduciendo que la resolución del Tribunal de Sentencia de San Borja “carecía de fundamentación”.

El recurso de apelación restringida, señalado en el artículo 407 del CPP, puede ser interpuesto por la parte afectada cuando hay defectos en la sentencia.

El CPP establece que una vez dictada la sentencia, la parte agraviada tiene 15 días para apelar y la parte contraria, en este caso la familia de Bladimir, así como el Ministerio Público; otros diez días para responder.

El siguiente paso quedó en la cancha de la Sala Penal de Trinidad (Beni), que debía emplazar a las partes para que comparecieran en el plazo de diez días, pero han pasado desde entonces más de cuatro años y no hay respuesta. En otras palabras, la sentencia contra Orellana y su cómplice está en pausa, no se ha ejecutoriado.

En este periodo él ha podido salir y entrar de Bolivia sin ningún tipo de control, pese a tener detención domiciliaria, arraigo, fianza económica y prohibición de acercarse a los familiares de la víctima.

Un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia del 22 de marzo de 2019 sobre el accidente de la avioneta Cessna 172M, con matrícula CP-1214, lo registra como propietario de esta aeronave y que el primero de enero de 2019 protagonizó un accidente cuando aterrizaba en el aeropuerto de Santa Ana del Yacuma. También figura como propietario de la avioneta Cessna 229A, con matrícula CP-2703.

Descargar Informe de la DGAC

En San Borja los vecinos dicen que hacía ‘vuelos solidarios’ durante las restricciones por la pandemia del Covid-19 y que se campeaba ‘como Pedro por su casa’ sin que le hiciera mella la libertad condicional impuesta.

Prueba de la impunidad en la que se escuda, el 9 de marzo de 2021 voló a Puerto Inca, provincia peruana donde el narcotráfico y la criminalidad organizada hicieron que en 2020 se dictara una declaratoria de emergencia. Fue capturado al día siguiente debajo del puente Vendelin Stir de Codo Pozuzo. Los canes antinarcóticos lo encontraron escondido en medio de la espesa vegetación.

Ese 10 de marzo, a las 10:40, “Carmelo Orellana Ruiz, de 55 años de edad, nacido en San Ignacio de Moxos (Beni)”, como fue registrado en el informe policial del país vecino de Bolivia, no cayó solo, también otras cuatro personas. Estaban en posesión de dos fusiles modelo SG542, calibre 7,62 mm; 15 municiones calibre 9 mm; 8 radios portátiles y dos camionetas Toyota Hilux, en cuyo interior estaban ocultos 2 paquetes de cocaína.

Durante el interrogatorio ante la fiscal Juliana Rosas Chávez y el sargento Judá Baldarrago Avendaño, en la dependencia policial Coronel Portillo de Uyacali, dijo que llegó a Perú ‘sin querer queriendo’, que no estaba en control del GPS de la avioneta que pilotaba y que un tal ‘Kiko Blas’, que hacía de copiloto, le decía dónde ir.

Con ese tal ‘Kiko Blas’ desayunó un día antes en La Chafra, un sitio de comidas de Trinidad (Beni) donde los noctámbulos curan la cruda o el chaqui, y le aceptó pilotar su aeronave por 700 dólares. Lo describe corpulento y con barbas, y que ese día del desayuno vestía de color negro y llevaba en el pecho colgada una pistola. Pese a ello, voló con él.

Cuando fue capturado, los agentes antinarcóticos de Perú hacían seguimiento a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas que acopia grandes cantidades pasta base de cocaína a Codo Pozuzo. “No se descarta la posibilidad de que el investigado Carmelo Orellana Ruiz forme parte de esta organización como piloto de aeronaves que realiza transporte de droga desde Bolivia hacia Perú, mediante el puente aéreo y las pistas de aterrizaje clandestinas”, se lee en el informe policial.

Carmelo no fue privado de libertad en ninguna cárcel de Perú. Su nombre no aparece en la base de datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de este país. En qué condiciones obtuvo su libertad y retornó a Bolivia donde, según fuentes policiales, sigue volando a Perú, es una pregunta que no respondió Juliana Rosas, la fiscal que investigó este caso en el país vecino de Bolivia.

Su cómplice en el asesinato de Bladimir, Luis David Vargas, también está libre. Se campea por las calles borjanas sin ningún tipo de restricción, como un ciudadano común.

“Una justicia en decadencia”

En la familia de Bladimir hay una mezcla de indignación, frustración e indefensión, porque ese mismo sistema judicial que dio celeridad a cada petición del criminal al permitirle defenderse en libertad, andar sin custodia policial y volar sus aeronaves, tal como registran los expedientes, en cuatro años no ha resuelto una apelación restringida que, según normativa, lo debería hacer en diez días.

El presidente del Tribunal de Justicia de Beni, a través de un documento escrito, señaló que “la apelación restringida (por este caso) se encuentra próxima a ser sorteada y resuelta, esto conforme al orden cronológico y la exagerada carga procesal del 350% que soporta la Sala Penal (de Trinidad)” y con cargos de vocales en acefalías.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señala que en 2021 la Contraloría General calculó que en este país ubicado en el corazón geográfico de Sudamérica, una causa en el Órgano Judicial tarda una media de 10 años en resolverse .

Este informe sobre Bolivia, presentado el 20 de junio al plenario de la ONU en Ginebra, hace énfasis en que la acumulación de causas y las omisiones de la justicia frente a violaciones de derechos humanos o a fenómenos delictivos, entre otros, “forman parte de un cuadro muy delicado que da cuenta que el acceso a la justicia es un tema para atender con prioridad”.

Yulia y Margoth, dos sobrinas de Bladimir, visitan su tumba en el cementerio de San Borja | Foto: Nelfi Fernández

“Tenemos una justicia en decadencia. Hay una crisis en la administración de justicia que ha generado esta situación que provoca decepción en las víctimas que recurren a la justicia para que se les reponga un derecho vulnerado”, dice el abogado Hisita, como si leyera las mentes de Nancy y Deisy Cayuba Fresco, que junto a dos sobrinos han vuelto al lugar donde fue desenterrado Bladimir.

Parada al pie de lo que hace cinco años fue una fosa y donde ahora hay una cruz, Deisy pregunta:

– “¿Usted cree que vale la pena seguir luchando?”.

En su mirada solo hay tristeza.

El viento sopla y las hojas de las hierbas que han crecido alrededor de la cruz se cimbran. Se puede leer con nitidez: “Falleció Bladimir Temo el 30 de enero de 2017. Que en paz descanse”.

Por: Nelfi Fernandez Reyes | Reportería: Esmir Cortez Becerra, Miguel Gutiérrez y Ricardo Gutiérrez | Colaboración: Yaquelin Fernandez y Paula Asillanis. Fecha: 25 de julio de 2022. Publicado por El Deber.

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