By La mañana de este martes 27, el abogado Roberto Parada Mole, funcionario de UAGRM y docente de la facultad Chiquitana, ha hecho conocer a través de las redes del periódico su interpretación a cerca de la imputación que los fiscales emitieran contra el rector y 2 exvocales del Tribunal de justicia Universitario; por el caso de la expulsión de la Universidad, del entonces decano Vicente Cuéllar.
“Desde el punto de vista legal, existe una imputación formal y provisional contra la máxima autoridad Universitaria, por el supuesto, e inexistente delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Ahora, la autoridad jurisdiccional (Juez Cautelar) verificara si existen los suficientes elementos de convicción de probabilidad y autoría que el Lic. Saúl Rosas Ferrufino, es con probabilidad, autor del delito imputado”, explica.
Sobre lo informado ayer en la página web de El Universitario, en sentido que el rector va a Juicio, para el abogado no es lo correcto, pues se trata de “una simple imputación”, que realiza el Ministerio Público, que está sujeta a que un juez diga si es correcto o no. ”Como abogado penalista hago un interpretación al tipo penal de resoluciones contrarias a la Constitución”, asevera.
Parada va más allá para explicar que según la ley, el funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución y las leyes, ejecutare o hiciera ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.
“El Lic. Saul Rosas no emitió ninguna resolución rectoral en la que expulse a ningún docente y que dicha resolución sea contraria a la Constitución Política del Estado, el rector es un funcionario público, pero lo que está por verse es si la resolución que dicto el Ilustre Consejo Universitario de la UAGRM es legal”, argumenta.
Añade Parada que se presume la legalidad de toda resolución emitida por autoridad competente (ICU), mientras no se compruebe su ilegalidad. “Hasta este momento no existe ninguna resolución que diga que la resolución ICU es contraria a la constitución y a las leyes”.
A criterio del abogado, no existe elemento sustantivo para que se lo juzgare o procesare, porque como rector está en la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Universitario. “Por lo tanto, corresponde en derecho, que el juez disponga su libertad”, finaliza.
